Maduro bajo presión internacional por presuntos vínculos con grupos armados y narcotráfico

Política | Por: Santiago Valencia Córdoba

Washington intensifica señalamientos contra el régimen venezolano mientras Caracas niega acusaciones

Articulo:

El gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus señalamientos contra el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de mantener vínculos operativos y financieros con organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas acusaciones, respaldadas por agencias como la DEA y el Departamento de Estado, han reavivado el debate sobre el papel de Venezuela en el contexto del narcotráfico internacional y la seguridad hemisférica.

En declaraciones recientes, el jefe de la DEA, Terry Cole, calificó a Venezuela como un “estado narcoterrorista”, asegurando que el país se ha convertido en un corredor estratégico para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Según Cole, el régimen de Maduro colabora activamente con el ELN y las FARC para facilitar operaciones transnacionales que involucran tráfico de drogas, lavado de activos y financiación de grupos considerados terroristas.

Uno de los elementos más controversiales del informe presentado por la DEA es la mención de una red criminal con sede en Dubái, en la que participan el Cartel de los Soles —presuntamente liderado por altos funcionarios venezolanos— junto con el ELN, las disidencias de las FARC y el grupo Hezbolá. Esta red, según fuentes de inteligencia citadas por Blu Radio, estaría dedicada a actividades ilícitas que incluyen el contrabando de oro, el tráfico de armas y el financiamiento de células extremistas.

Recompensa millonaria y escalada diplomática

La Casa Blanca, en una medida sin precedentes, elevó en agosto de 2025 la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Esta cifra, difundida ampliamente en medios internacionales y replicada por figuras como el senador Marco Rubio, busca presionar al régimen venezolano y reforzar la narrativa de que Maduro encabeza una estructura criminal con alcance global.

El Departamento de Estado ha reiterado que la presencia de grupos armados en territorio venezolano no es incidental, sino parte de una estrategia de protección mutua entre el régimen y estas organizaciones. Las fronteras porosas, la debilidad institucional y la corrupción han sido factores que, según Washington, han permitido que estos actores operen con relativa impunidad.

Entre las actividades documentadas se encuentran la instalación de retenes ilegales en zonas rurales, la distribución de alimentos subsidiados como mecanismo de control social, el reclutamiento de comunidades indígenas y el tráfico de recursos naturales como el oro. Estas dinámicas, advierten analistas, podrían consolidar un modelo de gobernanza paralela en regiones fronterizas, con implicaciones directas para la estabilidad regional.

Respuesta oficial desde Caracas

El gobierno venezolano ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “absurdas” y parte de una campaña de desinformación destinada a justificar una posible intervención extranjera. En comunicados oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado lo que considera una “agresión sistemática” por parte de Estados Unidos, y ha solicitado apoyo de organismos multilaterales para frenar lo que describe como una escalada diplomática injustificada.

Voceros del régimen han insistido en que no existen pruebas concretas que vinculen al gobierno con actividades terroristas o narcotraficantes, y han acusado a Washington de utilizar estas narrativas para desestabilizar el país y socavar su soberanía. No obstante, la falta de transparencia en las investigaciones internas y la negativa a permitir auditorías independientes han generado dudas entre observadores internacionales.

Implicaciones regionales y expectativas

El señalamiento de Venezuela como un actor clave en redes de narcotráfico y terrorismo plantea desafíos importantes para América Latina. Países como Colombia, Brasil y Panamá han expresado preocupación por el impacto de estas dinámicas en sus territorios, especialmente en zonas fronterizas donde se ha documentado un aumento en la presencia de grupos armados y actividades ilícitas.

Expertos en seguridad internacional advierten que, más allá de las tensiones diplomáticas, el caso venezolano podría convertirse en un punto de inflexión para la política exterior estadounidense en la región. La combinación de sanciones económicas, recompensas judiciales y presión multilateral podría configurar un nuevo escenario de confrontación, con implicaciones tanto para la gobernabilidad interna de Venezuela como para la estabilidad continental.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y medios independientes continúan monitoreando la situación, en busca de evidencias que permitan esclarecer el alcance real de los vínculos entre el régimen de Maduro y los grupos armados señalados. La expectativa internacional se mantiene alta, y el desenlace de este conflicto podría redefinir el mapa político y geoestratégico de América Latina en los próximos años.