Migración | Por: Álvaro Sandoval
La decisión judicial permite al gobierno estadounidense cancelar el amparo migratorio en 60 días
Articulo:
Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California autorizó este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La medida, solicitada por la Administración Trump, representa un giro significativo en la política migratoria estadounidense y ha generado reacciones encontradas entre defensores de derechos humanos, juristas y comunidades afectadas.
El fallo judicial suspende una orden previa emitida por un tribunal de distrito que había permitido a los beneficiarios del TPS continuar bajo protección legal frente a la deportación. Con esta nueva resolución, los inmigrantes afectados disponen de un plazo de 60 días antes de perder su estatus migratorio, lo que podría implicar la pérdida de autorización de trabajo y el inicio de procesos de remoción.
Los beneficiarios nepalíes han residido legalmente en Estados Unidos por más de una década, mientras que los hondureños y nicaragüenses han mantenido su estatus por más de 26 años. La decisión judicial, aunque esperada por algunos sectores, ha sido calificada como un revés devastador por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.
Argumentos del gobierno y respuesta institucional
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, defendió la medida señalando que responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio. Según McLaughlin, el TPS fue concebido como una protección temporal ante crisis humanitarias específicas, pero ha sido utilizado como un mecanismo de residencia prolongada por administraciones anteriores.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado durante décadas”, afirmó la funcionaria en declaraciones recientes. El gobierno sostiene que la cancelación busca regresar a la intención original del programa, limitando su uso a situaciones excepcionales y temporales.
Por otro lado, los inmigrantes afectados habían presentado demandas contra el DHS, alegando que la decisión de cancelar el TPS obedecía a motivos de animosidad racial. Aunque el tribunal no se pronunció sobre esa acusación, el fallo ha sido interpretado por algunos como una validación de la postura gubernamental.
Reacciones desde la sociedad civil y el ámbito jurídico
Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, expresó su preocupación por el impacto de la medida. “El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente”, señaló en un comunicado.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que los jueces determinaron. Según el académico, la medida ignora el arraigo social y económico de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo el amparo legal del TPS.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), destacó que el fin del TPS afectará a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40.000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del programa. “Las consecuencias serán profundas y duraderas, no solo para los migrantes, sino para comunidades enteras”, afirmó.
Contexto migratorio y alcance de la medida
La cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal se suma a otras decisiones similares adoptadas por la Administración Trump, que también ha revocado el beneficio para aproximadamente 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para reducir los mecanismos de protección migratoria y limitar el acceso a estatus legales por razones humanitarias.
El TPS, creado en 1990, ha sido utilizado para ofrecer protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis institucionales. Aunque su renovación depende de evaluaciones periódicas, en muchos casos ha sido extendido por años, generando expectativas de permanencia entre los beneficiarios.
Con este nuevo fallo, se abre un periodo de incertidumbre para miles de inmigrantes que deberán evaluar sus opciones legales, buscar asesoría jurídica o enfrentar posibles procesos de deportación. Organizaciones comunitarias y redes de apoyo han comenzado a movilizarse para ofrecer orientación y asistencia a los afectados.
Perspectivas y próximos pasos
Aunque el fallo representa una victoria legal para la Casa Blanca, aún podrían presentarse apelaciones o medidas legislativas que modifiquen el alcance de la decisión. Algunos legisladores han expresado interés en revisar el marco legal del TPS y proponer reformas que permitan una transición más ordenada para los beneficiarios de larga duración.
Mientras tanto, el debate sobre el futuro del TPS continúa en el centro de la agenda migratoria estadounidense. La resolución judicial marca un punto de inflexión, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad nacional, justicia humanitaria y responsabilidad institucional.
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