La decisión judicial suspende temporalmente los vuelos programados y abre un debate legal sobre los derechos de menores no acompañados.
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Una jueza federal en Estados Unidos bloqueó de forma temporal un intento del gobierno de Donald Trump de enviar de regreso a Guatemala a decenas de niños migrantes no acompañados. La medida, dictada el domingo por la jueza Sparkle Sooknanan, respondió a denuncias de abogados y organizaciones de defensa de los inmigrantes que advertían sobre el riesgo de abusos, persecución y separación irregular de los menores.
La orden, vigente por 14 días, interrumpe un operativo que ya había colocado a algunos niños en aviones con destino a Guatemala. Según documentos judiciales, varios menores se encontraban bajo custodia federal mientras sus casos de inmigración seguían en trámite.
Argumentos en disputa sobre la naturaleza de los vuelos
El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que no se trataba de deportaciones, sino de “repatriaciones” destinadas a facilitar la reunificación familiar. El subprocurador adjunto Drew Ensign afirmó que el propio gobierno guatemalteco y algunos familiares habrían solicitado la devolución de los menores.
Sin embargo, las organizaciones demandantes señalaron que esta afirmación no era cierta en todos los casos. Aseguraron que algunos niños tenían procesos de asilo pendientes y habían manifestado temores creíbles sobre lo que enfrentarían en Guatemala. Para estos grupos, el operativo no solo contradecía la normativa de protección infantil, sino que también vulneraba principios internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la audiencia de urgencia celebrada el mismo domingo, la jueza pidió al gobierno garantías de que los vuelos no habían despegado. Ensign confirmó que la mayoría permanecía en suelo estadounidense y que, en un caso, un avión que había salido retornó.
Grupos de defensa celebran la decisión judicial
La suspensión fue recibida con alivio por defensores de inmigrantes. “En plena noche, durante un fin de semana festivo, el gobierno intentó enviar a niños asustados de regreso al peligro”, señaló Efrén C. Olivares, abogado del National Immigration Law Center. “Nos alienta que la corte haya impedido que esta injusticia se consumara”.
Las organizaciones subrayan que el caso refleja un patrón más amplio: el uso de procedimientos acelerados que, según ellos, limitan el acceso de los migrantes a una evaluación justa de sus solicitudes de protección. Para los demandantes, la medida cautelar no solo protege a los menores involucrados, sino que también establece un precedente sobre la obligación de cumplir las leyes federales en materia de protección infantil.
Reacciones políticas y acusaciones de motivaciones partidistas
La decisión de la jueza Sooknanan, nominada por el presidente Joe Biden, fue criticada desde la Casa Blanca. Stephen Miller, asesor de inmigración del gobierno de Trump, calificó la medida como un obstáculo político. “Los menores han declarado que sus padres están en Guatemala”, escribió en X. “Pero una jueza demócrata se niega a permitir que se reúnan con ellos”.
Desde que asumió su segundo mandato, Trump ha impulsado una agenda migratoria más estricta. Una de sus promesas centrales ha sido reforzar las deportaciones de migrantes indocumentados, estrategia que cuenta con amplio respaldo entre sus simpatizantes. La reciente decisión de la Corte Suprema de permitir devoluciones rápidas a terceros países ha sido interpretada como un aval a este enfoque.
En este contexto, el bloqueo de los vuelos por parte de Sooknanan se convierte en un nuevo episodio de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a la política migratoria.
Próximos pasos y debate en curso
La orden de la jueza tiene carácter temporal y expirará en dos semanas, salvo que se extienda o que un tribunal superior intervenga. Durante ese plazo, se espera que ambas partes presenten argumentos más detallados.
Los defensores de los inmigrantes planean aportar evidencia de que varios niños incluidos en el operativo poseen casos activos ante jueces de inmigración, lo que en teoría los ampara frente a una repatriación forzada. Por su parte, el gobierno insistirá en que se trata de un proceso legítimo de reunificación, no de deportaciones encubiertas.
El desenlace de este caso podría tener implicaciones más amplias para las políticas migratorias de Estados Unidos, en especial en lo que respecta al tratamiento de menores no acompañados. La decisión final servirá como referencia en futuros litigios sobre la línea que separa una “repatriación voluntaria” de una deportación forzosa.
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