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La Corte Penal Internacional (CPI) sorprendió al mundo al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2022. La misma decisión incluye a Mohammed Deif, líder militar de Hamas, cuyo paradero es incierto tras ser declarado muerto por Israel en un ataque en junio pasado.
Acusaciones graves y un proceso histórico
El panel de tres jueces de la CPI determinó que hay "motivos razonables" para considerar que Netanyahu y Gallant privaron intencionalmente a la población de Gaza de alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, actos que constituyen violaciones graves al derecho internacional humanitario.
Netanyahu rechazó las acusaciones, calificándolas como "vergonzosas y antisemitas", una postura respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien defendió el derecho de Israel a actuar contra Hamas. Por su parte, Hamas también criticó la medida, a pesar de que uno de sus líderes figura entre los acusados.
Un tribunal sin fronteras, pero con limitaciones
La emisión de estas órdenes coloca a Netanyahu y Gallant en una lista de buscados internacionalmente. Sin embargo, las implicaciones prácticas son inciertas. Israel y Estados Unidos no son miembros de la CPI, y el tribunal depende de la cooperación de los estados para ejecutar las capturas. En este caso, es improbable que Israel entregue a sus líderes o que los acusados comparezcan en La Haya.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel argumentó que la CPI carece de jurisdicción sobre el caso, señalando que las acusaciones no fueron investigadas a nivel nacional. Además, Oren Marmorstein, portavoz de la Cancillería israelí, criticó al tribunal por tratar a Israel de manera "perjudicial", defendiendo el sistema legal del país como uno de los más sólidos del mundo.
Impacto político y humanitario
Esta decisión agrava un escenario internacional ya polarizado. Por un lado, complica cualquier negociación para un alto al fuego tras 13 meses de conflicto. Por otro, refuerza la presión sobre las potencias mundiales para que aborden las responsabilidades en zonas de guerra.
El caso también subraya la incapacidad de la CPI para actuar sin apoyo global. Con sus limitados recursos y dependencia de los estados miembros, su influencia en conflictos activos sigue siendo cuestionada. Mientras tanto, Gaza continúa enfrentando una crisis humanitaria severa, con miles de civiles atrapados en un conflicto que parece no tener fin.
En un mundo donde la justicia internacional lucha por imponerse, el proceso contra Netanyahu, Gallant y Deif se perfila como un desafío crucial para el futuro del derecho humanitario.
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